4. La restricción como sistema económico

Como ya hemos indicado, en algunos casos las medidas restrictivas pueden alcanzar los fines perseguidos al implantarlas. Cuando quienes recurren a tales métodos estiman que el logro de su objetivo tiene mayor importancia que las desventajas que implica la restricción —es decir, la reducción del volumen de bienes disponibles para el consumo—, el recurso a ésta se justifica desde el punto de vista de sus juicios de valor. Se soporta el coste y se paga un precio por algo que se valora en más que aquello a lo que ineludiblemente hay que renunciar. Nadie, y menos aún el teórico, puede juzgar, ni en favor ni en contra, esos juicios de valor.

El único modo adecuado de contemplar las medidas restrictivas de la producción es considerarlas como sacrificios realizados para alcanzar un determinado fin. Equivalen a un cuasi-gasto, a un cuasi-consumo. Suponen el empleo de bienes que podrían haber sido producidos y consumidos en cometidos diferentes. Se imposibilita que ciertos bienes lleguen a tener existencia, pero precisamente quienes imponen las restricciones prefieren ese cuasi-consumo al incremento de aquellos bienes que sin la política restrictiva se habrían producido.

Respecto a ciertas medidas restrictivas este punto de vista es generalmente aceptado. Cuando el gobierno decreta, en efecto, que una porción de suelo debe mantenerse en estado natural, dedicado a parque colectivo, todo el mundo lo considera un gasto. El gobierno, con la finalidad de proporcionar a los ciudadanos otra suerte de satisfacciones, les priva de los productos que en aquellos campos se habrían obtenido, prefiriendo, en definitiva, aquello a esto.

Las medidas restrictivas son, pues, meros elementos auxiliares del sistema de producción. No se puede construir un sistema de acción económica basándolo únicamente sobre ellas. No se puede formar con ellas un sistema económico integrado y coherente, y menos aún construir sobre su base un sistema de producción. Pertenecen a la esfera del consumo; quedan al margen de la actividad productiva.

Al examinar los problemas del intervencionismo ya vimos la postura de quienes lo consideran como una alternativa a otros sistemas económicos. Semejante pretensión resulta aún más inadmisible cuando se trata de las medidas restrictivas. La consecuencia única que las mismas provocan es la reducción de la producción y el bienestar. La riqueza proviene del empleo dado a unos siempre escasos factores de producción. Cuando tal utilización se restringe, no aumenta sino que disminuye el volumen de bienes disponibles. Aun en el supuesto de que se lograra la finalidad perseguida al reducir coactivamente la jornada laboral, la medida distaría mucho de favorecer la producción; inevitablemente la reduciría.

El capitalismo es un sistema social de producción. El socialismo, según sus partidarios, también lo es. Los dirigistas, en cambio, no osan decir lo mismo de las medidas restrictivas. Se limitan a argumentar que la producción capitalista es notoriamente excesiva y que lo que desean es limitar tal superabundancia para así alcanzar otras realizaciones, admitiendo tácitamente que algún límite habrán de poner a su propia actividad restrictiva.

La ciencia económica no afirma que los métodos restrictivos sean un sistema inadecuado de producción. Lo que sí afirma del modo más terminante es que tales métodos, lejos de ser un sistema de producción, son más bien formas de cuasi-consumo. La mayor parte de los objetivos que los intervencionistas desean lograr mediante la implantación de normas restrictivas no pueden alcanzarse por esta vía. Pero incluso cuando las medidas restrictivas son adecuadas para alcanzar los fines propuestos, son solamente eso, restrictivas¹.

La extraordinaria popularidad de que en la actualidad goza la política restrictiva se debe a que la gente no se percata de sus ineludibles consecuencias. Al enfrentarse con el problema de la reducción coactiva de las horas de trabajo, nadie percibe que ello implica forzosamente la disminución del volumen global de bienes y que consecuentemente lo más probable es que también descienda el nivel de vida de los asalariados. El erróneo supuesto de que las disposiciones laborales son auténticas «conquistas sociales» y que su coste recae exclusivamente sobre el patrono ha sido ya elevado a categoría de dogma por esa «no ortodoxia» típica de nuestros días. Quienquiera que cuestione este dogma se verá no sólo perseguido implacablemente, sino además estigmatizado de vil apologista de las inicuas pretensiones de desalmados explotadores que quieren reimplantar las agotadoras jornadas de los primeros tiempos del industrialismo moderno y reducir a los asalariados a la más negra miseria.

Frente a tan viles calumnias debemos reiterar una y otra vez que la riqueza y el bienestar son consecuencia de la producción, no de la restricción. La circunstancia de que en los países capitalistas el asalariado medio disponga de mayor cantidad de bienes, disfrute de más tiempo para el descanso y pueda mantener a su mujer y a sus hijos sin que se vean obligados a acudir al trabajo, no es una conquista sindical ni fruto de la acción del gobierno. Estos beneficios se deben exclusiva y directamente a que la búsqueda del lucro empresarial ha permitido acumular e invertir mayores capitales, multiplicando así la productividad del trabajo.

Footnotes

1. En cuanto a las objeciones a esta tesis en relación con el efecto Ricardo, v. pp. 913-916.