2. El coste de las medidas restrictivas

El hecho de que la restricción de la producción comporte siempre una reducción de la satisfacción de los individuos no significa que dicha reducción deba considerarse siempre como un mal. Es evidente que el gobierno no la aplica de manera irreflexiva. Pretende alcanzar determinados objetivos y considera la restricción como el procedimiento mejor para conseguirlos. Para enjuiciar con justeza la política restrictiva, es preciso resolver previamente un doble interrogante: ¿Son idóneos los medios elegidos para alcanzar la meta deseada? ¿Compensa la consecución del objetivo la privación impuesta a la gente? Mediante estas preguntas abordamos la restricción con criterio análogo al que aplicábamos al estudiar la imposición fiscal. El pago de las cargas tributarias reduce el bienestar del contribuyente. Esta insatisfacción es el precio que se paga por el servicio que el ente público presta a la sociedad y a sus miembros. En la medida en que la autoridad cumpla su función social y los impuestos no rebasen aquel límite indispensable que facilita el suave funcionamiento del aparato estatal, tales gravámenes son costes productivos y se hallan sobradamente compensados.

Lo acertado de esta manera de enjuiciar las medidas restrictivas adquiere mayor relieve cuando con ellas se sustituye la imposición fiscal. Los gastos que ocasiona la defensa nacional son incluidos, por lo general, en el presupuesto del estado. Pero, en determinadas circunstancias, se sigue un procedimiento distinto. Puede ocurrir que la producción de los elementos necesarios para repeler la agresión bélica dependa de la existencia de determinadas industrias pesadas que la iniciativa privada, en un primer momento, no se decide a instalar. El montaje de ese complejo industrial puede subvencionarse y su coste puede considerarse como gasto bélico. También se puede amparar la operación mediante tarifas proteccionistas. La diferencia estriba sólo en que en el segundo caso los consumidores soportan directamente el coste arancelario, mientras que en el primero lo soportan indirectamente a través de los impuestos con que se paga la ayuda.

Gobiernos y parlamentos, al implantar medidas restrictivas, nunca se percatan de las consecuencias que su injerencia en la vida económica ha de provocar. Con notoria ligereza imaginan que con las barreras aduaneras se puede elevar el nivel de vida del país y con obstinación rechazan las enseñanzas del economista cuando demuestra las inevitables consecuencias del proteccionismo. La condena de éste por parte del economista es irrefutable y está exenta de cualquier sesgo partidista. Cuando los economistas proclaman el carácter nocivo del proteccionismo, no se dejan llevar por dogmatismo alguno. Se limitan a poner de manifiesto que tales medidas no conducen a la meta que precisamente el poder público se propone alcanzar al implantarlas. No discuten el fin último de la política gubernamental; sólo rechazan el medio utilizado, inadecuado para la consecución del objetivo perseguido.

Las medidas restrictivas más populares son las que integran la denominada «legislación social». En este terreno, tanto la opinión pública como las autoridades son víctimas de un grave espejismo en lo que respecta a los efectos de estas medidas. Creen que la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo a mujeres y niños, por ejemplo, son medidas que exclusivamente gravan al patrono y que representan un auténtico progreso como «conquistas sociales». Sin embargo esto es cierto sólo en la medida en que tales medidas reducen la oferta de mano de obra y, por tanto, elevan la productividad marginal del trabajo frente a la productividad marginal del capital. Pero la reducción de la actividad laboral reduce la producción y, por tanto, por término medio, también el consumo per cápita. La tarta resulta más pequeña, pero la porción consumida por los asalariados es proporcionalmente mayor que la que recibían de la tarta anterior más voluminosa; al mismo tiempo, la porción que reciben los capitalistas se ve reducida¹. Dependerá de las circunstancias de cada caso el que mejoren o empeoren los salarios reales de los diversos grupos de trabajadores.

La simpatía popular por la legislación laboral se basa en el error de creer que la cuantía de los salarios no guarda ninguna relación con el valor que la labor de los trabajadores añade al material. La cuantía del salario, dice la «ley de bronce», es el mínimo necesario para atender las más apremiantes necesidades del obrero; nunca supera el mínimo requerido por éste para subsistir. La diferencia entre el valor producido por el obrero y el salario la retiene, en beneficio propio, el patrono explotador. Cuando se reduce dicha plusvalía limitando la jornada laboral, se exonera al obrero de una parte de su pena y fatiga, su salario permanece invariable, y se priva al patrono de una parte de su injusta ganancia. La producción total así disminuida repercute exclusivamente sobre los ingresos del explotador.

Se ha señalado que el papel que la legislación laboral ha desempeñado en la evolución del capitalismo occidental ha sido hasta hace poco bastante menos importante de lo que cabría pensar a la vista del apasionamiento con que públicamente se ha debatido el tema. Las ordenaciones laborales promulgadas por los gobiernos, sustancialmente, no hicieron más que dar oficial consagración a los cambios producidos por la rápida evolución de la actividad industrial². Pero en los países que adoptaron tardíamente el sistema capitalista de producción y están atrasados en el desarrollo de los métodos modernos de fabricación, el problema de la legislación laboral es crucial. Fascinados por las espurias doctrinas del intervencionismo, los políticos de estos países imaginan que, para mejorar la condición de las masas indigentes, basta con copiar y promulgar la legislación social de las naciones capitalistas más desarrolladas. Enfocan estas cuestiones cual si tan sólo merecieran ser examinadas desde el equivocadamente titulado «aspecto humano» y prescinden del fondo real del tema.

Es realmente lamentable que en Asia millones de tiernos infantes sufran hambre y miseria; que los salarios sean extremadamente bajos comparados con los tipos americanos o europeos occidentales; que la jornada laboral sea larga y las condiciones higiénicas de trabajo deplorables. Pero tan insatisfactorias circunstancias sólo pueden ser modificadas incrementando la cuota de capital. No hay otra salida, si se desea alcanzar una mejora permanente. Las medidas restrictivas propugnadas por sedicentes filántropos son totalmente inoperantes.

No mejorarán las condiciones actuales, sino que tenderán a empeorarlas. Si el cabeza de familia es tan pobre que no puede alimentar suficientemente a sus hijos, vedar a éstos el acceso al trabajo es condenarles a morir de hambre. Si la productividad marginal del trabajo es tan baja que un obrero, mediante una jornada de diez horas, tan sólo puede ganar un salario muy inferior al mínimo americano, en modo alguno se le favorece prohibiéndole trabajar más de ocho horas.

No se trata de si es o no deseable la mejora del bienestar material de los asalariados. Los partidarios de la legislación mal llamada prolaboral desenfocan deliberadamente la cuestión al limitarse a repetir, una y otra vez, que con jornadas más cortas, salarios reales más altos y liberando a los niños y a la mujer casada de la fatiga laboral se acrecienta el bienestar del asalariado. Faltan conscientemente a la verdad, calumniando a quienes se oponen a la adopción de tales disposiciones por estimarlas perjudiciales al verdadero interés de los asalariados, al denostarles como «explotadores de los obreros» y «enemigos del pueblo trabajador». Porque la discrepancia no surge respecto a los objetivos perseguidos sino a los medios más adecuados para alcanzar las metas que todos ambicionan. La cuestión no estriba en si se debe o no incrementar el bienestar de las masas, sino en si los decretos y las órdenes del gobernante, imponiendo la reducción de la jornada laboral y prohibiendo el trabajo a hembras y menores, son o no vía adecuada para elevar el nivel de vida de los asalariados. Es éste un problema estrictamente cataláctico que el economista tiene la obligación de resolver. La fraseología emotiva está fuera de lugar. Apenas si sirve de cortina de humo para ocultar la incapacidad de farisaicos partidarios de la restricción en su vano intento de oponer una réplica convincente a la sólida argumentación de la ciencia económica.

El hecho de que el nivel de vida del trabajador medio americano sea incomparablemente superior al del obrero medio indio; que en Estados Unidos sea más corto el horario de trabajo y que los niños vayan a la escuela en vez de a la fábrica no se debe a las leyes ni a la acción del poder público: todo ello obedece simplemente a que hay mucho más capital invertido por cabeza en USA que en India y, por lo tanto, la productividad marginal del trabajo es mucho mayor. No es mérito de la «política social», sino resultado de los métodos propios del laissez faire que prevalecieron en el pasado sin poner trabas a la evolución del capitalismo. Son esos métodos los que deben adoptar los asiáticos si desean mejorar la suerte de sus pueblos.

La pobreza de Asia y de otros países poco desarrollados se debe a las mismas causas que hicieron penosas las condiciones de los primeros tiempos del capitalismo occidental. Mientras la población aumentaba rápidamente, la interferencia del gobernante no servía más que para demorar la acomodación de los métodos de producción a las necesidades del creciente número de bocas. A los paladines del laissez faire —que los libros de texto de nuestras universidades denigran como pesimistas y defensores de las inicuas cadenas del burgués explotador— corresponde el mérito imperecedero de haber abierto el camino a la libertad económica que elevó el nivel medio de vida a alturas sin precedentes.

La economía no es dogmática, como pretenden los autodenominados «no ortodoxos» defensores de la omnipotencia gubernamental y de la dictadura totalitaria. Ni aprueba ni censura las medidas del gobierno tendentes a restringir el trabajo y la producción. Considera que su deber se limita a exponer las consecuencias que en cada caso se producen de forma inexorable. Corresponde al pueblo decidir qué política se debe seguir. Pero en su elección no debe ignorar las enseñanzas de la economía si quiere alcanzar las metas a las que aspira.

Existen ciertamente casos en los que la gente puede considerar justificadas ciertas medidas restrictivas. Las regulaciones referentes a la prevención de incendios son restrictivas y elevan el coste de producción. Pero la reducción de la producción es el precio que hay que pagar para evitar un mayor desastre. La decisión sobre cada medida restrictiva debe hacerse sobre la base de una meticulosa ponderación de los costes que hay que afrontar y de los beneficios que se obtendrán. Ningún hombre razonable cuestionará esta norma.

Footnotes

1. Las pérdidas y las ganancias empresariales no son influidas por la legislación laboral; dependen exclusivamente, como sabemos, del mayor o menor acierto con que el empresario ha sabido adaptar la producción a las cambiantes condiciones del mercado; la legislación laboral actúa como simple factor de cambio.

2. V. pp. 726-730.